Notificaciones por carta certificada con aviso de retorno. Diligenciamiento realizado en el domicilio fiscal del contribuyente. Validez.

C. N° 10.698/2003 -"Club Atlético Newll's Old Boys (TF 16.141-I) contra D.G.I." - CNACAF - SALA IV - 16/03/2006

"La notificación por carta certificada con aviso de retorno prevista en el art. 100 inc. a) de la ley 11.683 no sirve como notificación fehaciente pues, sólo prueba que aquélla ha sido recibida, pero no su contenido razón por la cual, para que cumpla acabadamente su finalidad debe agregarse a las actuaciones una prueba del contenido de la carta remitida al administrado."

"Lo dispuesto en los arts. 41 y 43 del dec. 1759/72, reglamentario de la ley 19.549, en cuanto establece los requisitos que debe cumplir la notificación por carta certificada con aviso de recepción resulta aplicable a la diligencia consignada en el art. 100 inc. a de la ley 11.683, ello en virtud de la remisión que efectúa el art. 116 de la norma citada en último lugar."

"Debe tenerse por válida la notificación por carta certificada con aviso de retorno practicada en los términos del art. 100 inc. a de la ley 11.683 desde que, aquélla fue diligenciada en el domicilio fiscal del contribuyente en el cual también se efectuaron las notificaciones durante el trámite del procedimiento administrativo, sin que aquella parte hubiere cuestionado su legitimidad, máxime cuando en el respectivo aviso de retorno se dejó constancia de la fecha de recepción y de que su contenido era una resolución determinativa. (Voto en disidencia de la Dra. Jeanneret de Pérez Cortés)".
 

Agradecemos a la C.P. Virginia Spinelli Fernández que nos remite el siguiente fallo:

Habiéndose concluido que el presente caso es de la competencia contencioso administrativa de este Tribunal, la adecuación a los términos de la ley 11.330 no puede sino indicar que las pretensiones ejercidas por los actores en el marco del recurso de amparo, deben ser adaptadas a los recaudos formales establecidos en el artículo 10 de la mencionada ley 11.330. CSJSF, 25/03/98; "Bossio, Andrés y otros c/ Prov. de Santa Fe - Amparo- s/ Avocación (Art. 2, Ley 11.330)". EXCEPCIÓN DE FALSEDAD. Falsedad material. Carga de la prueba. Pericial caligráfica. Falsedad de la firma. Carga de la prueba. JUICIO EJECUTIVO.

Excepciones. Carga de la prueba. Pagaré. Cláusula sin protesto. Pagaré a la vista. Prueba de la presentación al pago. PAGARÉ. Cláusula sin protesto. Apertura de la vía ejecutiva. Pagaré a la vista. Prueba de la presentación al pago

1. En los títulos ejecutivos hay un inmanente "principio de autenticidad", y quien accione con sustento en éste tipo de títulos goza de una singular preeminencia procesal; por tal motivo es que se desplaza el eje de la carga de la prueba sobre el ejecutado.
2. Es al excepcionante a quien corresponde cargar con la prueba de la falsedad material alegada.
3. La carga de la prueba sobre la autenticidad de la firma puesta al pie del documento, es propia del excepcionante y no del actor, que, apoyado en la ejecutabilidad del título presupone, necesariamente, el estado normal de autenticidad de la firma que lo suscribe.
4. El medio procesal para probar la adulteración de la firma o del documento es la pericial caligráfica, esta prueba debió ser urgida por el ejecutado, para cumplir acabadamente con la carga procesal que sobre él recae, no siendo suficiente la negativa de la misma tanto en el escrito de excepciones como en la absolución de posiciones.
5. Al promoverse la acción ejecutiva contra el suscriptor del pagaré -obligado directo y principal como el girado aceptante en la letra de cambio- contando el título cambiario con cláusula de dispensa de protesto, la sola exhibición del título posibilita la apertura de la vía ejecutiva. Máxime cuando la actora manifiesta en la demanda que presentó el documento al cobro y precisa en que fecha ello habría ocurrido.
6. Siendo el pagaré un título circulatorio concebido a la vista y con dispensa de protesto, debe considerarse como fecha de su vencimiento lo afirmado por el ejecutante como de cumplimiento de su carga de presentación (art. 35 y 50 decreto-ley 5965/63) sin perjuicio de que el ejecutado pruebe la inexactitud de dicha afirmación. Juzg. 1ª Inst. de Distrito Civ. y Com. 8ª Nom., Rosario, 10/02/99; "Compañia Financiera S.A. c/ Catarain, Adriana y otros s/ Juicio ejecutivo".
 

En Buenos Aires, a los      días del mes de noviembre de dos mil seis, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos seguidos por “SZAPIRO IGNACIO c/ LATTANTI ITALO GISLERIO s/ ORDINARIO” (expte. n°7.647/05), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Monti, Caviglione Fraga.
Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver.
      ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs.135/140?
      El Señor Juez de Cámara Doctor José Luis Monti dice:
      I- Viene apelada la sentencia de fs. 135/140 por la cual el primer sentenciante rechazó la demanda deducida por Ignacio Szapiro contra Italo Gislerio Lattanti por el cobro de una suma de dinero.
      II- En su escrito de inicio el actor reclamó al demandado la suma de $ 86.488,79 correspondiente a nueve cuotas que éste último le habría adeudado en concepto de saldo de precio por la transferencia de un fondo de comercio. Alegó que de las cuarenta cuotas convenidas el demandado sólo había abonado treinta y una, quedando pendientes de cobro las cuotas 32 a 40. Afirmó que pese haber interpelado al demandado, éste no habría pagado por lo que se vio en la necesidad de iniciar las presentes actuaciones.
       III- De su lado, el accionado sostuvo haber cancelado la totalidad del precio pactado por la transferencia del fondo de comercio y sustentó su defensa en ciertos recibos que acompañó al expediente, los cuales darían cuenta de la cancelación de las cuotas 35 a 40. Asimismo, informó que los recibos anteriores se encontrarían extraviados.
       IV- El magistrado de la instancia anterior rechazó la demanda pues consideró acreditado, a través de la documental acompañada por el demandado y el peritaje caligráfico de autos, el pago de las cuotas 35 a 40. Con respecto a las cuotas 32, 33 y 35 (cuyos recibos se habrían extraviado) entendió que el pago de la última de las cuotas permitía presumir el pago de las anteriores.
       V- La sentencia fue apelada por el actor, quien fundó su recurso en fs. 161/163. Se agravia por considerar que la presunción del art. 746 del Cód. Civil se encontraría en el sub lite “ampliamente desvirtuada” por prueba en contrario. En tal sentido, manifiesta que la deuda habría sido reconocida por el demandado en ocasión de contestarle cierta carta documento. Asimismo, sostiene que el juez habría incurrido en una contradicción al haberle exigido al demandado que acompañe la totalidad de los recibos bajo el apercibimiento del art. 388 del Cód. Proc. y luego, al dictar sentencia, considerar que el último recibo era suficiente para acreditar el pago. Por último, cuestiona la valoración que efectuó el juez del peritaje caligráfico y la condena en costas.
       VI- En primer lugar, cabe señalar que la pieza de fs. 161/163 no satisface las exigencias de técnica recursiva previstas en el art. 265, Cód Proc., ya que no contiene una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que la apelante considera equivocadas. El recurrente se limita a expresar que cuestiona lo resuelto por el juez, pero no agrega argumento idóneos en apoyo de su postura. Tal deficiencia del recurso tornaría procedente su deserción. No obstante, a los efectos de otorgar la mayor amplitud posible al ejercicio del derecho de defensa de la recurrente trataré la cuestión planteada.

       Así las cosas, la queja vinculada con un supuesto reconocimiento de la deuda por el demandado no tiene apoyo fáctico alguno. La carta documento copiada en fs. 57, en que se basa la crítica del recurrente, fue expresamente desconocida por el accionado al contestar demanda (ver fs. 37) y surge del informe producido por el Correo Argentino la imposibilidad de acreditar la autenticidad de esa misiva (ver 59). Por lo tanto, corresponderá rechazar este agravio y mantener lo resuelto sobre el particular.
       También propongo rechazar la queja relativa a la alegada contradicción del a quo. No se advierte tal contradicción, el juez, en oportunidad de la audiencia del art. 360 del Cód. Proc. (ver fs. 54), se limitó a proveer el requerimiento que el propio actor había efectuado en fs. 43 vta., esto es, intimar al demandado a acompañar los recibos de pago 1 a 34 bajo el apercibimiento previsto en el art.388 del Cód. Proc. Tal proceder, que hace a la normal providencia de las pruebas requeridas por las partes, en modo alguno obsta a la aplicación de la presunción del art. 746 del Cód. Civil y, menos aún, puede considerarse como una contradicción “suficiente para descalificar el decisorio” apelado como sugiere el apelante. Además, la aplicación de lo normado por el art. 388 Cód. Proc. in fine no es automática, requiere la existencia de otros elementos de juicio que corroboren lo afirmado por el requirente, los que, en el caso, ni siquiera han sido mencionados por la apelante.

       En lo atinente a la valoración del peritaje de autos, en rigor, se trata de una afirmación dogmática que no constituye una crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo recurrido. En efecto, el a quo advirtió la diferencia de tinta entre la utilizada en la tipografía de la firma y la del número de cuotas mas consideró que no se había podido demostrar que una hubiera sido inserta con posterioridad a la otra ni que su autoría pudiera ser imputada al demandado. A ello agregó que, conforme al art. 1016 del Cód. Civil, la firma puede ser dada en blanco y, encontrándose reconocida la firma por el actor, correspondía presumir la validez del contenido del instrumento. Estas cuestiones centrales de la decisión han permanecido inmunes a la crítica, lo que revela la inidoneidad del recurso.
       Por último, en lo tocante al agravio relativo a la imposición de las costas, no advierto que quepa liberar al actor de su pago. Las costas deben ser soportadas por la parte que dio origen al pleito e hizo necesario acudir a la vía judicial para salvaguardar los derechos del contrincante. Por lo tanto, corresponderá rechazar los agravios y confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto decide.

       VII- En suma, si mi criterio es compartido, propongo confirmar la sentencia apelada en su integridad. Con costas al actor vencido, por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC). Así voto.
       Por análogas razones, el Señor Juez de Cámara Doctor Bindo B. Caviglione Fraga adhiere al voto anterior.
       Con lo que termina este Acuerdo, que firman los Señores Jueces de Cámara, Doctores

Buenos Aires,        de noviembre de 2006.-

       Y VISTOS: Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada, con costas al actor.
Monti y Caviglione Fraga. Ante mí: Jorge A. Juárez.

Es copia del original que corre a fs.      de los autos que se mencionan en el precedente Acuerdo.
Sólo firman los suscriptos, por encontrarse vacante el restante cargo de Juez de la Sala (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).
 

Buenos Aires, junio 2 de 2005. Y VISTOS: 1. Vienen apelados por altos y bajos los estipendios regulados a la perito calígrafo ... y a los doctores... 2. Resulta cuestionada en autos la base tomada por la Señora Juez a quo a los fines de la regulación de honorarios. Al sostener su recurso, el agraviado afirma que se debe tomar el monto del acuerdo que luce agregado a fs... y no el efectivamente aplicado (liquidación de fs. ..., aprobada a fs. ...). Por suerte, la perito argumenta que dicho acuerdo no le es oponible por no haber sido parte del mismo. Corresponde adoptar como pie regulatorio para los profesionales Bonomi y Fernández- la liquidación aprobada por la juez de grado, por cuanto la transacción que ha puesto fin al pleito les resulta inoponible a los efectos arancelarios, toda vez que no participaron de ella (conf. esta Sala, in re "Hidroquip S.R.L. c/Indusclean S.R.L. s/ordinario", de1 13/9/90; entre otros). Diverso temperamento se impone respecto del doctor ... en relación al aludido convenio, por haber intervenido en el mismo. 4. Sentado ello, atento el mérito de la labor profesional cumplida, apreciada por su calidad, eficacia y extensión, así como la naturaleza y monto del proceso en cada caso, se reducen a ... los estipendios regulados a favor del letrado apoderado de la parte demandada, doctor ...; y a ... los de la doctora ... . Por otro lado, se confirman los honorarios de la calígrafo ... (ley 21.339. t .o. 9, 10, 19, 37 y 40; ley 20.24 29 y 30).
 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/AVELLANEDA MARTA,ISABEL L. S/PROCESO DE EJECUCION. EXPTE. 11482/01

Buenos Aires, 1 de Julio de 2006. AUTOS Y VISTOS; CONSIDERANDO: I) Que el Banco de la Nación Argentina inició juicio ejecutivo contra la Sra. MARTA ISABEL AVELLANEDA, por cobro de la suma de ... en concepto de capital, con sustento en la falta de abono de los cheque de pago diferido detallados a fs. 16, punto III que fueran., rechazados por "cuenta cerrada por el BCRA", cuyas copias obran a fs.... -originales reservados en Secretaría, que tengo a la vista-, con más sus intereses, IVA y costas.­ II. Que la ejecutada, intimada de pago conforme mandamiento glosado a fs. ..., compareció por su propio derecho a fs. ..., y opuso excepciones de falsedad e inhabilidad de título, desconociendo las firmas insertas en los títulos que dieron origen a esta ejecución. Corrido el pertinente traslado, la actora lo respondió en la forma que da cuenta la presentación de fs. ... y solicitó el rechazo del planteo formulado, ordenándose a fs. ... La producción de la prueba pericial caligráfica ofrecida por la demanda que fuera cumplida a fs.... y notificada a ambas partes, conforme nota de retiro de copias de fs. ... . III. En los términos en que ha quedado delimitada la controversia, cabe recordar que la falsedad de título opuesta, sólo puede ser fundada en la falsedad o adulteración material del documento (conf. Fenochietto ­Arazi Código Procesal Civil y Comercial de la Nación T.II p. 743), dado que la validez de la relacíón sustancial no puede ser discutida en el proceso ejecutivo (conf. Palacio L. E. Derecho Procesal Civil t. VII p: 417).­ En el caso, la Sra. Avellaneda sostiene: su postura en el primero de los argumentos mencionados, toda vez que destaca que las firmas que se le atribuyen-insertas .en los cheques acompañados no le pertenecen, razón por la que resulta de fundamental importancia para la dilucidación de la cuestión la prueba pericial caligráfica ordenada.­ En ella, que óbra a fs. ... la experta designada arriba a la conclusión de que las firmas cuestionadas no se corresponden con las firmas indubitadas de la Sra, Avellaneda, y ello no ha merecido objeciones de la actora, lo cual constituye un antecedente para la formación del juicio prudencial, más sin que ello releve al juzgador de la obligación de ponderar la idoneidad probatoria del peritaje de conformidad con la regla de la sana crítica (artículos 386 y 477 del Código Procesal).­

Ante las conclusiones formuladas por la perito calígrafo designada en autos, de indudable valor, atento la imparcialidad que cabe presumir de su dictamen, teniendo en cuenta el origen de su designación, creo que corresponde atenerse a ellas.­ La pericia que, como ya se dijo, no fue observada por ninguna de las partes, adquiere particular relevancia en el presente caso, a fin de esclarecer controversias, especialmente en lo que se refiere al aspecto esencialmente técnico de la cuestión. Las conclusiones de la experta, que posee naturalmente conocimiento de su especialidad, arrojan luz sobre el hecho que se quiere demostrar y no encuentro elementos suficientes para apartarme de ellas, pues tratándose de, un problema técnico o científico tiene gran significación ; por ser conocimientos ajenos a la formación cultural del juez, y para no tomarlas en cuenta, se le deben oponer argumentos debidamente fundados.­ Es decir, que se trate de fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión de la perito Se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencia o que existan en el proceso elementos probatorios provistos de mayor eficacia para provocar convicción acerca de la verdad de lo hechos controvertidos. Por otro lado, cuando el peritaje no tiene otra prueba que desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente imposibilidad de oponer argumentos (CNF.Civ. y Com. Sala I. del 18.2.83; Sala 1; causa 1844 Sala III causa 5585 del 24.8.88; Fassi S. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Anotado y Concordado Bs. As. 1972 t.II p. 126 nro.1597 y 1598 y p. 145 nro. 1632; Palacio L. Derecho Procesal Civil t.IV p. 720).­ En las condiciones indicadas, habida cuenta que -ha quedado demostrado qúe las firmas insertas en los títulos del presente juicio ejecutivo, no pertenecen a la demandada a quien se le atribuyen, y teniendo en cuenta, asimismo, que el silencio guardado por la actora frente al dictamen pericial presentado, hace presumir la aceptación de sus conclusiones, RESUELVO: Rechazar la ejecución intentada contra ia Sra. MARTA ISABEL AVELLANEDA, con costas a la actora, toda vez que no existe mérito alguno para— apártárse del principio general de la derrota establcido por arts. 68 y 558 del CPCC. Atendiendo al criterio establecido en el plenario de este Fuero "La Territorial de Seguros S.A. cJStaf s/ Incidente" del 11.9.97, conforme lo dispuesto por el art. 303 del CPCC, considerando el mérito, eficacia y extensión de la labor desarrollada, la etapa cumplida y tomando como base regulatoria la suma reclamada en concepto de capital, con más los intereses que hubieran correspondido de prosperar la acción, regulo los honorarios de los letrados patrocinantes de la ejecutada, Dres. ..., en las sumas de $... respectivamente (conf. arts. 6, 7, 19, 37 y 40 de la ley 21.839, texto según ley 24.43?).Asimismo, ponderando la proporción que deben guardar los emolumentos de los peritos con los de los profesionales intervinientes, fíjase los honorarios de la perito designada, Calígrafo ..., en la cantidad de $... . Notifíquese y oportunamente, ARCHIVESE.-
 

“...Se fija como doctrina legal que: En un juicio donde se reclamó el cobro de una suma de dinero con más sus intereses corresponde computar el monto de tales intereses como integrante de la base regulatoria...” (CNCOM, en pleno, 29/12/94. Banco del Buen Ayre S.A. c/ TEXEIRA MENDEZ S.A. s/ INCIDENTE DE HONORARIOS POR BINDI, Gustavo Alberto”.
 

“...El perito calígrafo ha de tener en cuenta que el material que coteja debe tener como principal y esencial requisito la suficiencia; es por ello que de no contarse con ese requisito, como sucede en el caso (el material dubitado estaba constituido por seis palabras, 18 letras, con pocas reiteraciones, en un texto escrito con letra de imprenta y seguramente con la mano inhábil). El experto no puede concluir contundentemente sobre la autoría del documento. El que, como expresa la doctrina especializada, nunca podrá el perito emitir juicios categóricos; el perito no puede concluir sino dubitadamente, y esto acontece porque se carece de elementos suficientes...” (I Instancia Civil y Com., Circunscripción Mendoza, Juzgado N* 14, Diciembre 29-1989). ED, 139-148 - con nota de Germán J. Bidart Campos -.
 

“...La sana crítica aconseja la aprobación del dictamen del perito calígrafo respecto de la falsedad de firma, cuando no se le han opuesto argumentos científicos para desvirtuarlo (CNCOM, Sala B, febrero 26-1979, Wiszniewicz, Isumer C. Fiori, Norberto).
 

a) "La impugnación de una pericia debe contener una advertencia concreta y terminante de cuales son los defectos que se le imputan que permitan desvirtuar su fuerza probatoria." (Conf, C.N.Civi.l. Sala F', ED 87-210)

b) "Cuando las datos de los expertos no son compartidos por los litigantes, es a cargo de estos 1a prueba de la inexactitud de lo informado-. , No son suficientes las meras objeciones, siendo necesario alga más que disentir, ya que es menester probar, arrimar evidencias capaces de convencer al Juez que lo dicho por el especialista es incorrecto, que sus conclusiones son erradas o que los datos proporcionados como sostén de sus afirmaciones, son equivocados o mendaces." (Conf. C.N. Civil. Sala G. R. 15.308 del. 13-6-85)

c)Para desvirtuar la conclusión razonada y fundada de un experto es imprescindible aportar elementos de juicio que permitan advertir fehacientemente el error o el inadecuado uso que, el experto hubiera hecho de los conocimientos de los que por su título, se supone dotado: por ende, la falta de tal prueba especifica -que debe tener, cuando menos, igual poder de convicción "en el dictamen que se impugna- hace que la discrepancia con el informe producido no pueda ser considera por - el Tribunal, máxime cuando la gestión que se cuestiona aparece cumplida con seriedad" Cám. I, Sala I. La Plata. Causa : 218.749 Reg. Sent;. 262-27/10/99.-  

Juicio ejecutivo - Incidencia del fallo penal - Juicio ejecutivo - El juicio ordinario posterior al ejecutivo sólo es admisible cuando se trata de garantizar el derecho de las partes que, dada la naturaleza del proceso de ejecución, fue restringida por limitaciones o prohibiciones que pudieran afectar la amplitud de la defensa y de la prueba, caso contrario, lo decidido en el juicio ejecutivo hace cosa juzgada, no pudiendo reeditarse en el juicio ordinario posterior. La decisión penal atinente a la existencia de delito de falsificación en el pagaré ejecutado no puede serle impuesta al juez civil, cuando, como en el caso, la falta de identificación del supuesto falsificador impidió la continuación de la causa, implicando que el ilícito quedara materialmente improbado y, además, las conclusiones de los peritos calígrafos obrantes en la sede penal no fueron asertivas ni concluyentes respecto de la falsedad de dicho título. CNCO B, CAPITAL FEDERAL, CARATULA: Pascual, Francisco c/ Rodríguez, Leonor s/ Sumari
 

“...La sana crítica aconseja la aprobación del dictamen del perito calígrafo respecto de la falsedad de firma, cuando no se le han opuesto argumentos científicos para desvirtuarlo (CNCOM, Sala B, febrero 26-1979, Wiszniewicz, Isumer C. Fiori, Norberto).
 

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia del tribunal provincial de Mendoza que hizo lugar a la excepción de falsedad de título, considerando que la presunción de autenticidad del art. 993 del CCiv. existe hasta que el instrumento público sea argüido de falso, y que para ello no establece un procedimiento ni una prueba específica, ya que el "a quo" omitió valorar que el art. 183 del C.Proc. local exige la prueba de cotejo de firmas y dictamen de calígrafos en los supuestos de impugnación de documentos públicos o privados. CCI Art. 993 CS, CAPITAL FEDERAL, 18-9-2001 CARATULA: Banco de Mendoza c/ Pérez, Enrique A. y otro
 

Corresponde rechazar la demanda tendiente al cumplimiento de un supuesto contrato de compraventa en el que el demandado habría vendido al actor un automóvil de su propiedad, pues, con fundamento en las afirmaciones de los peritos, calígrafos, debe tenerse por demostrado que la inscripción que acreditaba la existencia de la operación de compraventa fue insertada dolosamente por el accionante con posterioridad a la firma del documento que acompañó en respaldo de su pretensión. CNCI G, CAPITAL FEDERAL, 28-6-2004 CARATULA: Peyrallo, Juan C. c/ Deibe, Juana A.
 

La remoción de un perito calígrafo no puede afectar designaciones anteriores, máxime, cuando ya ha realizado tareas en orden a la concreción del trabajo encomendado. CNCO A, CAPITAL FEDERAL, CARATULA: Química Sudamericana S.A. s/Conc. prev. s/ Inc. de revisión por Krinsa S.A.
 

Hemos tomado conocimiento que la Sala X de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en autos caratulados “ALBORNOZ c/ESTABLECIMIENTOS GAMAR S.A. y otra”, receptó el planteo de inconstitucionalidad invocado con relación a la ley 24.432.

El mencionado Tribunal dispuso la incosntitucionalidad del límite establecido por el art. 8 de la citada ley, al art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Las actuaciones tramitaron en Primera Instancia por ante el Juzgado del Trabajo N* 61 y tuvo sentencia definida de Segunda Instancia N* 5082 de fecha 30/10/98.

La inconstitucionalidad se basó fundamentalmente en la violación del derecho de propiedad consagrado por el art. 17 de la Constitución Nacional, ya que al beneficiario de los honorarios se le imponía una carga de gratuidad en su trabajo, en la parte de su honorario que superase el tope y/o resultado del prorrateo practicado en virtud de la ley cuestionada y que nunca cobraría. Ello ocasiona una arbitrariedad irrazonable, que colisiona con el derecho de trabajar consagrado constitucionalmente.

Por otra parte, también se destacó que los honorarios no podrían estar sujetos a cuestiones azarosas tales como la cantidad de peritos y/o letrados intervinientes que concurran en ese prorrateo.
 

De acuerdo al principio enunciado en el art. 1012 del Código Civil y dado que el "fax" no es original ni fotocopia simple, sino, en todo caso, una copia teletransmitida de aquél, no reemplaza al original, único que, en principio, puede dar fe de la existencia y exigibilidad de la obligación. Pero, ante la imposibilidad de presentar el original, corresponderá admitir la prueba secundaria del "fax".- Fallo completo publicado en: Rev. El Derecho del 18/7/97, pág. 10.- PORTA LABELLA, Solange Adelitte c/ MARTÍNEZ, Miguel Angel s/ EJECUCIÓN DE ALQUILERES I C.N.Civ., Sala "A" A048040 25-02-97
 

En la prueba pericial el perito calígrafo examina, en la generalidad de los casos, cuanto menos, tres elementos:
a) la construcción física, o si se prefiere, el dibujo del material examinado, es decir "la forma o el diseño" de las grafías propiamente dichas,
b) la fuerza de la impresión de ese material, que deja una mayor o menor huella en el papel según la presión que el elemento escritor ejerza sobre el soporte de las grafías, y
c) la velocidad de escritura, perceptible según la mayor o menor carga de tinta en la construcción de las grafías.
Cuando el material peritado está constituido por una fotocopia, no es posible examinar los dos últimos elementos mencionados, o cuanto menos, no es posible hacerlo en plenitud, pues es evidente que la fotocopia no reproduce con suficiente fidelidad la rotura o quiebre de las fibras del papel original, ni la carga de entintado. Empero, aún sobre una fotocopia es perfectamente posible examinar el "diseño" de los trazos que componen una firma, y cotejar ese diseño con el de un material indubitado. Es decir, el dictamen pericial caligráfico elaborado sobre una fotocopia es un dictamen "parcial" en tanto que elaborado sobre solo "una parte" de los elementos corrientemente examinados por el calígrafo. CCom: D (CUARTERO - ROTMAN) - 06/02/97 DIAS DOS SANTOS, AMERICO S/ QUIEBRA C/ DOS REIS, ARMANDO S/ ORD.

 Si los dictámenes de los peritos de oficio y calígrafos consultores han arrojado resultados diametralmente opuestos respecto de la autenticidad de la firma inserta en el cartular ejecutado, imposibilitando así llegar a un pronunciamiento categórico sobre su autoría, deberá desestimarse la excepción de falsedad de título interpuesta; pues no puede desconocerse la norma del art. 549 CPC sobre carga de la prueba en el proceso ejecutivo. (CNCom., Sala A, Abril 10-1991). ED, 146-167.

 Carece de eficacia probatoria el examen extrajudicial del testamento ológrafo impugnado, hecho por un calígrafo que ulteriormente ratificó su opinión como testigo, pues ello impide a las partes ejercitar los derechos acordados por la ley procesal en los arts. 268 a 270, 276, 278, etc.. (C3CCo Córdoba, Diciembre 22 1967).

 Cuando la opinión de los peritos calígrafos que informan en autos está dividida, acerca de la autenticidad o falsedad del testamento impugnado, ello obliga al estudio de todos los antecedentes que signifiquen prueba indiciaria o de presunciones que expliquen la manifestación de última voluntad del testador, ya sea en el sentido de lo expresado en el referido testamento o sea conforme al testamento anterior por acto público que aquel dejó sin efecto (del voto del doctor Grandoli). (CCiv. Sala I, Capital, Septiembre 14 1937 - L.L. 8132).

 Honorarios. Corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios de los peritos calígrafo y arquitecto, si la Cámara prescindió, con la invocación de pautas excesivamente  genéricas, de la consideración de un planteo serio y oportuno, susceptible de incidir en la solución final a adoptarse: la inoponibilidad respecto de los peritos del monto por el cual las partes denunciaron la extinción del proceso a raíz de la transacción habida en el pleito. (Corte Suprema de Justicia de la Nación. Marzo 17 de 1987. Silva, Horacio c/Arena Asociados S.A. y otro.)
 Honorarios. Si el perito calígrafo desconoció, sin fundamentar su posición, el valor estimado y pidió tasación pero "a cargo del deudor de los honorarios" bien hizo el Juez en fijar su emolumento en función "de las constancias del expediente" como lo manda la ley 20.243 pues ésta solo autoriza a considerar otro valor cuando el mismo resulte de prueba a cargo del interesado. (CNCiv. , Sala B, Octubre 11 1979, Brana de Haart, Benigna A. c/Manera, Umberto o Humberto A.).

 Honorarios: Unicamente en el supuesto de que no sea posible determinar el interés económico comprometido, habrán de tomarse en cuenta las pautas a que aluden los incs. B) y C) del art. 29 de la ley 20.243; de allí que no existe duda que el monto, a los fines regulatorios, habrá de estimarse teniendo en cuenta los valores reales y actuales de los bienes comprometidos en la pericia. (CNCiv, Sala E, Mayo 29 de 1970, Scarpa, Héctor A.)

 Honorarios: La prueba a que alude el art. 32 de la ley 20243 se refiere al supuesto en que pretenda demostrarse que existen otros bienes comprometidos fuera de los denunciados, o cuando no obran elementos de juicio que permitan establecer el valor de los conocidos. (CNCiv., Sala E, Mayo 29 1979, Scarpa, Héctor A.)  

Ha dicho la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, en fecha 03/06/82, en autos caratulados "NAVARRO, Arturo Mario s/sucesión" (Expte. nº 282.000): "Los reparos y objeciones que se formulen a una pericia, no pueden ser evaluados por el juez antes e independientemente de la decisión definitiva que cierre la cuestión promovida, siendo ésta la oportunidad de su valoración.".

Pese a no ser el criterio compartido por el Consejo Directivo ni por el criterio imperante en el Tribunal de Conducta del Colegio, transcribimos para conocimiento de Uds. la opinión del Dr. Juan Roberto Garibotto, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 2, Secretaría Nº 3, sobre el alcance de la intervención que debe darse al Consultor Técnico.

"Buenos Aires, 26 de marzo de 1996. 1- Procede resolver la nulidad del dictamen pericial caligráfico promovido por la parte actora en fs. 165. Corrido el pertinente traslado de ley, el mismo fue contestado por la perito calígrafo designada de oficio en fs. 182-185, guardando silencio el demandado, a pesar de encontrarse debidamente notificado (v. fs. 189). 2- Fundó la parte actora su articulación nulidificatoria, en la presentación de la pericia por parte de la perito oficial y el consultor técnico propuesto por su contrincante. Sostuvo que tal proceder, contraríaba la preceptiva del CPr.: 471 y 472, resultando innegable -a su entender- la procedencia del planteo, pues la eficacia probatoria del dictamen habría quedado cuestionada fundamentalmente por la falta de labor personal y objetiva de la experta designada. 3- Sabido es que el consultor técnico actúa como verdadero defensor de quien lo propone y su desempeño puede asimilarse a un patrocinio técnico en ámbitos ajenos al específico saber jurídico, operando como un consultor defensor reemplazante de la parte que lo ha designado para hacer ella las observaciones pertinentes, controlando técnicamente el desarrollo de las diligencias periciales e inclusive, pudiendo presentar ese consultor su propio informe dentro del plazo fijado al perito. (CCom.: A, -07/04/95, "PIRILLO, José s/quiebra s/inc. de verificación por FERRERO, Guillermo".). Su intervención en el acto de la pericia, se limita a las medidas previas o preparatorias, pero no al acto propio de razonamiento del perito, ni en la faz conclusional. Ello se infiere de la armónica interpretación de los arts. 471 a 474 del código de rito. Puede formular observaciones, presenciar las operaciones técnicas, pero bajo ningún concepto deliberar, ni mucho menos intervenir en la elaboración del dictamen. La sola presentación conjunta del dictamen pericial caligráfico, por parte de la perito designada de oficio con el consultor técnico de parte, advierte acerca de la fragante contravención a las normas citadas. No caben mayores indagaciones al respecto, en tanto no se advierte elemento alguno del informe que permita reparo alguno, tanto más cuando la conclusión del mismo, aparece redactada en plural y suscripto por ambos técnicos al pie. 4- Consecuentemente con lo expuesto RESUELVO: hacer lugar a la nulidad de pericia impetrada por la parte actora en fs. 165, con costas....".

Resolución del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 13 de fecha 21/02/03 en autos caratulados "FRICK, Carmen Marta y otro c/GOMEZ SILECI, María Cristina y otros s/daños y perjuicios" (Expte. nº 42481/2001), en el cual el Juez hace lugar al anticipo para gastos pese a que el actor tramitaba el "beneficio de litigar sin gastos". La parte actora manifestó que no se encontraba obligada al pago del anticipo para gastos en atención a encontrarse tramitando el "beneficio de litigar sin gastos", ante lo cual se resolvió: "...Hágase saber que toda vez que el adelanto de gastos constituye un derecho del Perito en el ejercicio de su actividad profesional, la tramitación del BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS no justifica la pretensión de que el experto deba soportar el costo de la pericia que en su función de auxiliar le es encomendada, por lo que no corresponde hacer lugar a lo solicitado por la actora....".

Fallo del Juzgado en lo Comercial Nº 5 - Secretaría Nº 9, cuyos datos identificatorios no se revelan atento no estar concluida la causa.

Buenos Aires, 6 de junio de 2003.

1. a) Este juicio ejecutivo fue promovido contra ... en virtud de los documentos copiados en fs. .... b) El ejecutado opuso excepción de falsedad de título desconociendo las firmas insertas en los pagarés ejecutados .... Asimismo, opuso excepción de inhabilidad de título pues la actora habría reclamado pesos y/o dólares cuando los documentos no fueron librados en moneda extranjera y porque su contraria solicitó aplicación de intereses conforme la tasa activa pese a que dichos accesorios no fueron pactados. c) La actora solicitó el rechazo de las excepciones .... 2. a) Excepción de falsedad de título. Ante el desconocimiento de las firmas atribuidas al ejecutado se dispuso la apertura a prueba de las actuaciones y se designó perito calígrafo.... El experto debió efectuar la labor que se le encomendara a partir de las copias certificadas de los pagarés que se encuentran agregadas en autos pues los originales, según lo informado en fs. ... fueron presuntamente extraviados. Cotejadas esas rúbricas, con aquellas indubitadas obtenidas en los registros de la Policía Federal Argentina y en el cuerpo de escritura de fs. ..., el perito designado de oficio concluyó que pudo hallar "...correspondencia morfológica entre las fotocopias de las firmas de la documentación cuestionada obrante a fs. ... y ...y las firmas genuinas del demandado..." (fs. ...). Para así dictaminar consideró las limitaciones que presentan las grafías fotocopiadas, "...toda vez que no es posible analizar presiones, velocidad, la existencia o no de retoques sutiles y sin descartar la posibilidad que pudiera ser producto de algún truco fotográfico". Sobre el tema, puntualizó que el cotejo se limita necesariamente a los aspectos formales, no pudiendo extenderse el análisis a los valores de fondo de la escritura. Agregó que "...debe tenerse muy en cuenta que la más perfecta coincidencia formal puede ocultar un minucioso trabajo de calco (...), un dibujo previo, o un truco fotostático que posiblemente pueda detectarse en el original...".No obstante, citó antecedentes doctrinarios en los que se ha aceptado el valor pericial del cotejo efectuado sobre material fotografiado. Y destacó que "...existe la posibilidad técnica de emitir opinión pericial sobre elementos fotocopiados, si ellos son suficientes e idóneos para el trabajo técnico, según sea el caso tratado, y respetando las limitaciones que correspondan...".Agregó que "negarse el perito, 'a priori', a dar su opinión y sus fundamentos, implicaría una posición no justificables ante los adelantos actuales de la técnica del fotocopiado y ante las exigencias procesales". Efectuadas todas las aclaraciones que han sido resumidas, el experto efectuó una comparación de los rasgos de expresión gráfica de las firmas dubitadas e indubitadas y determinó "la existencia de valores identificatorios concomitantes en el orden extrínseco del grafismo" y la coincidencia en los aspectos formativos y evolutivos, así como en el desarrollo gráfico de las figuras. No obstante, dejó en claro que la conclusión a la que arribara había sido considerando que "...la fotocopia no constituye un escrito auténtico, sino una simple copia o reproducción de una matriz, sea original o no y que pudo o no estar sujeta a manipulaciones...".La actora no formuló observaciones a la pericia, mas sí lo hizo la ejecutada (fs. ...). Cabe destacar inicialmente, y como elemento de cierta relevancia para el análisis global de la cuestión, que la consultora técnica propuesta por la demandada, y que participara del cotejo de las rúbricas y la formación del cuerpo de escritura según ha informado el perito de oficio, no presentó dictamen en autos. En su pedido de explicaciones al perito calígrafo, el ejecutado destacó algunas frases del experto extraídas de su contexto general y propuso ciertas hipótesis del caso. Destaco, desde ya, que cada una de esas afirmaciones ha sido cuidadosamente explicada por el perito en su informe, en el que ha sido sumamente cauteloso a la hora de expedirse en cuanto a la autenticidad de las firmas examinadas. Finalmente, el ejecutado presentó fotocopias de los documentos cuestionados en las que habría "introducido" la firma del letrado de la actora y la del perito en base a una técnica de fotocopiado y colage y con un scanner casero. Ello a fin de demostrar la vulnerabilidad de los documentos fotocopiados y restarle, así, valor a las conclusiones basadas meramente en la construcción morfológica de las firmas. Tanto el experto como el Dr. ... expresaron su desagrado con el "experimento" y calificaron tal conducta de temeraria y reñida con la buena fe procesal. El perito, incluso, solicitó el desglose y destrucción del documento así adulterado. Mas, en definitiva, al ser consultado concretamente por el ejecutado, el perito manifestó que no obstante haber hallado elementos formales en cantidad y con entidad suficiente para emitir un dictamen, las limitaciones que presentan las fotocopias impiden atribuirlas al puño y letra del señor ... .Luego de los hechos relatados hasta aquí puedo concluir que la pericia caligráfica ordenada en autos sólo aporta elementos parciales para la dilucidación del caso. En rigor, las conclusiones que el ejecutado pretende extraer del dictamen pericial son equivocadas. Pues el perito no dictaminó que las firmas no son auténticas, sino que no puede expedirse mas que sobre los rasgos gráficos de las mismas. Es decir, según el análisis efectuado por el perito, las firmas tienen una construcción morfológica identificable con las del señor ... .Pero, ante el extravío de los documentos originales, no es posible que el calígrafo se expida en cuanto a posibles imitaciones, fotocopiados o scanneados tendientes a la falsificación de los documentos. No obstante, estimo que, con los elementos reunidos hasta aquí, es posible dictar sentencia de trance y remate, desestimando la excepción que ha sido opuesta. El ejecutado, que desconoció las firmas que se le atribuyeron, tenía la carga de demostrar la falsedad de las mismas (cpr 549)

A tal fin, ofreció prueba pericial caligráfica pero la misma no es definitiva en cuanto a la posible adulteración del documento. El perito, no obstante, analizó las grafías y determinó que las mismas son identificables con las indubitadas del ejecutado. En este aspecto el dictamen del experto no ha sido cuestionado. Por otra parte, la consultora técnica propuesta por la ejecutada nada dijo ni en favor ni en contra de las conclusiones del perito de oficio. Con ese elemento es posible determinar que, o bien las firmas pertenecen al ejecutado (aunque luego alegó que pudieron ser scaneadas) o pudieron ser hábilmente imitadas. Más, cabe destacar, el perito no ha podido descartar la correspondencia entre las firmas. Frente a ello, debe presumirse que las firmas son auténticas. En el marco de este juicio no es posible ir más allá. No obstante, mediante el juicio ordinario posterior, tendrá el ejecutado la posibilidad de producir mayor prueba tendiente a demostrar la inexistencia de la obligación subyacente y, por ende, la falta de causa de los títulos ejecutados. Y, obviamente, si estimara que ha existido una adulteración de los documentos originales, aun cuando los mismos no sean hallados, tendrá la vía de la justicia penal para promover la denuncia e investigación pertinentes. Lo cierto es que, a los fines de la excepción que ha planteado, las pruebas rendidas no son concluyentes en cuanto a la adulteración de los documentos. Por el contrario, el dictamen pericial, aunque parcial, ha arrojado un resultado adverso a la defensa. Frente a ello, desestimaré la excepción de falsedad de título opuesta. En cuanto al desglose de la documentación presentada como prueba de la impugnación de pericia, no parece necesario atento a la leyenda invalidante que obra en la misma (ver fs. ...). b) Excepción de inhabilidad de título. Las alegaciones de la ejecutada en este punto no controvierten la habilidad de los documentos, sino el modo en que ha sido promovida la demanda. En efecto, la actora ha reclamado indistintamente "pesos y/o dólares" pese a que los documentos habían sido librados en moneda nacional. Al momento en que fuera promovida la ejecución ... la cuestión carecía de interés atento la vigencia de la convertibilidad legal de la moneda. No obstante, desde que la ley 23928 fue derogada en ese punto, corresponde determinar que la ejecución sólo puede progresar por el monto expresado en los documentos y en la moneda que surge de los mismos; es decir, en pesos. Sin perjuicio de ello, la excepción no puede prosperar pues, como dije, no cuestiona los recaudos formales del título. Y, en definitiva, si bien la condena se acotará a la moneda expresada en los pagarés, la expresión indistinta vertida en la demanda no puede perjudicar la suerte de toda la acción, sino solo en lo que presuntamente puede haberse reclamado de más. También fundó el ejecutado esta defensa pues estimó excesiva la tasa de interés reclamada por la actora, destacando que las partes no la han pactado en los documentos. Tampoco esta defensa refiere a la habilidad de los títulos. De todos modos las tasas de interés que deben aplicarse están determinadas, en este fuero, por los fallos plenarios dictados in re "S.A. La Razón s/ quiebra s/ inc. de pago de los profesionales" (27.10.94) y "Uzal S.A. c/ Moreno" (2.10.91).Justamente esos son los intereses que ha reclamado la actora y que serán ordenados por el Suscripto. 3. Por ello, RESUELVO: a) Desestimar las excepciones opuestas por el ejecutado. b) Sentenciar esta causa de trance y remate, mandando llevar adelante la ejecución contra ... hasta hacerse al acreedor íntegro pago de la suma de $... con mas los intereses. Los intereses se liquidarán a partir de la mora producida el día del vencimiento de cada pagaré y hasta el efectivo pago, empleándose las tasas cobradas por el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a 30 días (Com en pleno, 27.10.94, Sociedad Anónima La Razón s/quiebra s/ inc. de pago de los profesionales). Además, esos intereses serán capitalizables mensualmente (Com en pleno, 2.10.91, Uzal SA c/ Moreno). c) Imponer las costas al ejecutado vencido (cpr 558).

d) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. e) Notifíquese por Secretaría.